Peligroso camino de Panamá hacia el desarrollo

Versión para impresoraVersión en PDF

“En venta: recursos ambientales de Panamá. Baratos. Sin restricciones. Compre ahora y evite la molestia de consultar con el público ó proteger los recursos naturales para el futuro”.

Un anuncio como este debería aparecer también en la página web del gobierno panameño a la luz de los eventos recientes. El gobierno se esfuerza por promover la minería extensiva, hidroeléctricas y el desarrollo del turismo en todo el país al mismo tiempo que intenta debilitar leyes que protejen el medio ambiente y los derechos humanos. Esta situación claramente da señales de una futura catástrofe en gestación. AIDA ahora está trabajando muy de cerca con organizaciones panameñas para detener esta tendencia y defender las riquezas naturales y los derechos humanos de los ciudadanos panameños.

En abril de 2010, AIDA denunció serias violaciones a los derechos humanos y al ambiente en Panamá a través del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. En un informe presentado en forma conjunta con el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM Panamá) y una coalición de organizaciones nacionales se demostró cómo el gobierno de Panamá está ignorando claramente las leyes y estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente.

Nuestro informe resalta el surgimiento de proyectos de desarrollo a gran escala que están violando a los derechos humanos a nivel nacional e internacional y a las leyes ambientales. Esto incluye cientos de nuevas concesiones mineras afectando más del 35% de la superficie de Panamá, 88 nuevos proyectos de hidroeléctricas y muchos nuevos desarrollos turísticos amenazando las frágiles zonas costeras.

El reporte también detalla los esfuerzos del gobierno por reducir la efectividad de los derechos de los ciudadanos a la participación pública y al acceso a la información. Las nuevas leyes y reglamentos representan un retroceso para las oportunidades de participación pública y reducen el número de proyectos de desarrollo que requieren de audiencias públicas. Una de las normas controversiales podría también permitir que la ejecución de proyectos de desarrollo, como represas y minas, procedan sin la preparación de una evaluación de impacto ambiental. Adicionalmente, el gobierno Panameño sigue sin reconocer derechos internacionales de los indígenas, y ha reducido notablemente los requerimientos de  consulta con comunidades indígenas acerca del desarrollo en sus tierras, a pesar de las recomendaciones hechas por instituciones internacionales de derechos humanos, sobre la necesidad de otorgarles el derecho a la consulta previa.

También discutimos en nuestro informe las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos al buscar la justicia ante una corte. Los alegatos que se supone llevan semanas para resolverse son enterrados en el sistema por años. Retrasos injustificados sobre los casos de derechos humanos y ambiente son ahora la norma. Para empeorar la situación, el gobierno está incrementando la tendencia represiva en contra de los defensores del ambiente  que están tratando de proteger sus derechos. Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hablado firmemente en contra de dichas represalias.

El mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas hace posible que los grupos de la sociedad civil puedan enviar sus evaluaciones y recomendaciones respecto de la situación de los derechos humanos del país al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con dichas evaluaciones, el Consejo dirige sus propias evaluaciones de la situación y hace recomendaciones al gobierno en cuestión. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinará la situación de Panamá durante su sesión de noviembre de 2010 y AIDA trabajará muy fuerte para asegurarse que su informe sea incluido en las recomendaciones realizadas al gobierno de Panamá.

Para más información sobre nuestros esfuerzos en Panamá, por favor visite nuestras páginas relacionadas.