La Corte Constitucional colombiana defiende el derecho a consulta previa

Esta decisión es muy importante por varias razones, pues reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas,  afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas, brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional. Ha sido evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas, como la Ley Forestal que son estratégicos para el desarrollo económico del país son vistos por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.

Según la Corte Constitucional colombiana, la consulta previa debió realizarse por que La ley regula de manera general el tema forestal, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque.” Así mismo, reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.

A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó  en el año 2009 un proyecto de Ley Estatutaria que actualmente no se ha convertido en Ley de la República, para regular este derecho y garantizar este derecho fundamental. Adicionalmente, al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.

 

Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA luego de un trabajo conjunto durante 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.

 

Además de esta acción que la Corte decidió, el grupo se presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, esta segunda decisión no se produjo, debido a la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.